La materia consultada se encuentra en el ámbito de atribuciones exclusivas de dicho órgano administrativo.
En caso de detectarse irregularidades se impondrán las multas correspondientes al empleador (si se pretende obtener la nulidad del procedimiento sumarial es necesario recurrir a los Tribunales de Justicia).
El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.
Sin embargo, se encuentran obligados a reembolsar los gastos de movilización, y a conceder el beneficio de colación a los alumnos en caso de que Servicios de Salud otorguen alimentos a sus funcionarios. Las universidades estatales pueden efectuar aportes para tales beneficios.
Mientras hayan desempeñado labores idénticas que los establecimientos de salud pública o privada durante la pandemia del COVID-19.
Dado que el Tribunal Constitucional acogió a trámite 7 requerimientos de inconstitucionalidad sobre los decretos que otorgaron los indultos, la Contraloría decidió abstenerse para así evitar una interferencia de competencia (aplica el artículo 6 de la Ley que 10.336 de la LOC de la Contraloría).
Además, no se advierte la manera en que dicha ampliación del plazo pudo beneficiar solo al proveedor que finalmente resultó adjudicado ni tampoco de verifica que se haya producido un perjuicio fiscal.
No impide efectuar los descuentos el hecho de que el trabajador interponga un recurso ante la SUSESO, pues este es un órgano técnico fiscalizador y no el superior jerárquico de las COMPIN, por lo que las decisiones adoptadas por las respectivas Comisiones ya se encuentran firmes.
Tales recursos tienen por objeto satisfacer las necesidades de la gestión administrativa que desarrolla la DIBICAR, así como también la adquisición de materiales e insumos, tanto de remuneraciones de personal específico como de prestaciones de servicios básicos de las desocupadas por mantención o reparación sin usuario asignado y todos aquellos inherentes a la gestión.
Aplica el artículo 8 de la Ley 19.820, que obliga al Ministerio a entregar en comodato el inmueble del Liceo a la UCH (como su entidad responsable) con la finalidad de que se destine de forma permanente como sede del establecimiento secundario.
