Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del Director de Control de la Municipalidad de Cerrillos- sobre la medida de suspensión preventiva ordenada a su respecto por dicha entidad edilicia, durante la tramitación de un proceso sumarial incoado con el objeto de investigar las responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades que habrían existido en el contrato de concesión de servicios que indica.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana- acerca del pago de las rentas que se le adeudarían por haber realizado además de sus labores de auxiliar, las tareas de secretario, entre mayo de 2010 y agosto de 2012.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de una ex docente de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda- acerca del derecho a percibir la indemnización contemplada en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, del Estatuto de los Profesionales de la Educación, esto, por acogerse a retiro voluntario para recibir bonificación establecida en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.158.

Se ha dirigió a la Contraloría General un concejal de la Municipalidad de Providencia, solicitando un pronunciamiento acerca del eventual conflicto de interés que afectaría a la alcaldesa de esa entidad edilicia, en relación con la discusión y votación de la propuesta de modificar la denominación de la Avenida 11 de Septiembre, sometida al conocimiento y resolución del concejo, por cuanto durante el año 2012, aquella habría interpuesto un recurso de ilegalidad en contra de la entonces autoridad comunal, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber desestimado la solicitud de cambio de nombre de la vía de que se trata, situación que infringiría el artículo 70 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte de funcionarios de la Junta Calificadora del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén- acerca de cuál es el funcionario que debe presidir ese cuerpo colegiado en caso de que hubiera igualdad de grado remuneratorio entre dos servidores, perteneciente uno a la planta directiva en calidad de exclusiva confianza y el otro al estamento profesional

Se denunció ante la Contraloría General de la República –por parte de un concejal de la comuna de Buin- sobre la supuesta intervención electoral del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, en un acto desarrollado en un colegio de la mencionada comuna, en el que participó y se dirigió a los presentes un candidato a diputado por el Partido Unión Demócrata Independiente por esa zona. Agrega que a esa actividad no fueron invitadas las autoridades comunales, ni parlamentarios en ejercicio, por lo que a su juicio se habrían transgredido “los principios de probidad, legalidad y prescindencia político-partidista de la Administración”.

Se presentó al Contralor General de la República un reclamo en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, por cuanto dicha repartición pública, mediante oficio N° 157, de 2013, resolvió no dar curso a una denuncia formulada en razón de que se estarían desarrollando actividades contaminantes en los espacios comunes del edificio que habita la recurrente, sin que se hayan obtenido las autorizaciones necesarias para ello.

Se dirigió a la Contraloría General un funcionario de la Dirección General de Movilización Nacional, para solicitar un pronunciamiento que determine si procede ser destinado, sin su consentimiento, acorde a la normativa vigente.

Se solicitó al Contralor General de la República dar curso a una resolución emanada de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que decreta un sobreseimiento de un sumario administrativo, destinado a investigar las observaciones que el ente de control efectuó en su oportunidad

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile remitió –para que cumpla control previo de legalidad- una resolución que aplica medida disciplinaria de destitución a una funcionaria, quien, a su vez, reclama que la sanción es desproporcionada.