Dado que la Ley 21.247 establece que se considerará el tiempo de descanso como trabajado para todos los efectos legales, por lo que al tratarse de una disposición especial y excepcional que consagra un beneficio especialísimo no puede asimilarse a los permisos ordinarios.

De acuerdo al dictamen E208180N2 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encontraba habilitado para realizar campañas de información del borrador del texto constitucional. Además, de no presenciarse actividades contrarias al deber de apoliticidad y probidad administrativa.

Si bien la decisión de la DGAC de ordenar a su personal utilizar su descanso compensatorio como medida por la baja demanda laboral producto del Covid-19 fuera corregida por Contraloría, los funcionarios no pueden usar nuevamente este derecho, pues consistiría en una repetición del mismo.

En aplicación del artículo 95 de la LOC de Municipalidades que extienden las inhabilidades e incompatibilidades de los Concejales a los miembros de los COSOC.

No obstante, menciona que al entrar en vigor el nuevo cuerpo normativo de migraciones no se reconoce la Visa de Responsabilidad Democrática especial a los ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, la entidad Controladora comprende el retraso de las gestiones sectoriales del MMA por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, en aplicación de su jurisprudencia que lo consideró un caso fortuito para la Administración del Estado.

El becario doctoral recibe un medicamento en su país de residencia que en Chile tiene un costo económico elevado.

Sobre eventuales infracciones a la Ley de Propiedad, el Contralor señala que no tiene competencia para pronunciarse sobre estas y que son los tribunales de justicia los que deben determinar las responsabilidades en aquella materia.

No corresponde estimar que las declaraciones del Contraalmirante Parga vulneren el deber de obediencia, pues no se manifestó en contra de una decisión de la autoridad civil a la que se subordina, más bien se enmarcaron en el deber de brindar defensa jurídica a su personal.

La CONAF es un órgano competente para establecer planes en tal sentido, tanto para la protección de la flora y fauna como para la seguridad de las personas, por lo que las fajas libres de plantación no son injerencias ilegales en los predios forestales.