Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar funciones relacionadas con la cultura, la recreación y actividades de interés común en el ámbito local, y en su ejecución pueden utilizar bienes municipales y nacionales de uso público, pero siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de las entidades edilicias o signifiquen un menoscabo de la afectación principal de aquellos; y, solo en la medida que se enmarquen en los fines del municipio o, excepcionalmente, en casos calificados, en otros fines de interés general.

No es una materia que incida en la administración financiera del municipio. Estas son aquellas relacionadas directamente con la obtención o aplicación de recursos públicos por parte de las entidades edilicias.

El documento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ajusta los estándares para adecuarlos a los compromisos adquiridos por nuestro país en el Acuerdo de Paris.

El supuesto normativo del “Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones” ha sido objeto de una adecuación legal incorporada por la ley N° 21.655 -que, entre otros aspectos, crea el aludido examen de admisibilidad formal-, por lo que corresponde que el Servicio adopte las medidas que procedan para ajustar sus protocolos internos a la normativa vigente.

Los aludidos órganos deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo, aunque deben guardar relación con la competencia de estos y, por ende, de todas sus dependencias.

El fuero constituye una protección a la maternidad de la que goza toda madre trabajadora por un cierto lapso de tiempo, y que consiste en la imposibilidad de poner término a su vínculo laboral sin una autorización judicial previa, cualquiera sea la modalidad bajo la cual se estructura dicha relación laboral. Al haberse extendido dicha protección a las funcionarias públicas sin hacerse ninguna distinción, el fuero se mantiene no obstante que la ley haya establecido un plazo para finalizar el vínculo laboral.

Respecto de la concesión de los beneficios de atención dental, gastos de traslado y compra de artículos de estudios requeridos por la interesada, titular del beneficio de reeducación profesional que contempla la letra e) del artículo 29 de la ley N° 16.744.

Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.

La DGMN debe proponer al Ministerio de Defensa Nacional la fijación de las referidas tasas para que se dicten los decretos en los meses de enero y julio de cada año, según proceda, y de esa manera dar cumplimiento al mandato legal.

La percepción indebida de beneficios pecuniarios importa un perjuicio al patrimonio público, por lo que, en virtud de los principios de probidad administrativa, legalidad del establecimiento de remuneraciones y reciprocidad de estas, el funcionario que haya recibido indebidamente beneficios pecuniarios se encuentra en la obligación de reintegrarlos.