El informe especifica que el municipio no cuenta con manuales de procedimientos administrativos relacionados con la Tesorería, tampoco sobre pagos y manejo de cuentas bancarias, ni sobre el funcionamiento de la caja del municipio.

La SUSESO tiene la atribución exclusiva y excluyente de ejercer la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social.

Por lo anterior, cabe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el asunto, sin perjuicio de remitir al SII la aludida presentación, junto con sus antecedentes, para los fines que sean pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.880.

Dicha normativa permitirá aprovechar este tipo de recursos en el contexto de escasez hídrica que afecta al país.

Procede la celebración de convenios para el uso de ciertas instalaciones de establecimientos educacionales, a cargo del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, para el desarrollo de actividades comunitarias o de interés general, siempre que no se afecte la prestación del servicio educacional.

La normativa que había sido reingresada por el Ministerio de Transportes al ente contralor el pasado 2 de mayo, entrará en vigor 12 meses luego de publicarse en el Diario Oficial.

Los pagos anticipados de acuerdo al artículo 18 de la ley N° 21.549, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, deberán ser enterados directamente en la Tesorería General de la República.

Por tratarse de servicios públicos, al momento de convenir los términos de la rebaja, la autoridad administrativa deberá respetar las limitaciones y modalidades a las que el órgano se encuentra sujeto, así como ceñirse a los principios de eficiencia y eficacia, de continuidad de la función pública, control jerárquico y probidad administrativa.

Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.

Al no existir una habilitación legal expresa tratándose de los gobernadores o gobernadoras regionales, la Contraloría se ve impedida de determinar y hacer efectiva tal responsabilidad. Con todo, verifica que los gobernadores de regionales de Tarapacá y Biobío subsanaron sus infracciones, y el gobernador de Valparaíso, no ha cometido infracción alguna.