La sentencia explica que, realmente lo susceptible de reclamación es la Resolución del Director del Servicio Electoral que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio, y que resuelve sancionar al partido reclamante.

El TER de Valparaíso indicó, en su oportunidad, que no es posible aplicar en este procedimiento el plazo de reclamación establecido en el título V de la Ley N° 18.700, toda vez que dichos términos están determinados para elecciones populares directas, lo que no ocurre en la especie.

Los recurrentes alegan que, la petición concreta que se realizó por parte de los reclamantes se refiere a que se anule una asamblea realizada con feche 11 de enero de 2020, pero siendo presentada su reclamación con fecha 25 de marzo de 2020.

La sentencia impugnada determinó que, al ser válido el Registro de Socios del Comité de la Vivienda Barrio Residencial Independencia, el proceso eleccionario llevado a cabo en base a este Registro, tiene plena legalidad, eficacia y validez.

La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Gazmuri, quien concurre a la decisión teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.593.

En la sentencia se advierte que la impugnación recae sobre el proceso eleccionario de la Directiva y Consejeros Regionales de Coquimbo, estamentos internos del partido que la ley no contempla dentro de la competencia del Tribunal.

El Tribunal Calificador indicó que rechaza la reclamación interpuesta por el entonces candidato, Sebastián Piñera, en contra de la Resolución del Director del SERVEL.

La sentencia indica que resulta relevante detenerse en el análisis de la expresión “notable”, que utiliza el legislador para atribuir al “abandono de deberes” la fuerza necesaria para hacer cesar, por remoción, a la máxima autoridad de la comuna, que ha sido electa por la expresión de la voluntad soberana de la comunidad local.

El Servicio explica que, en principio se habría configurado la infracción a lo dispuesto en los artículos 41, y 44 en relación con los artículos 60 y 65, ambos de la Ley N° 18.603.

El recurso señala que el Servicio Electoral erra gravemente al equiparar una notificación defectuosa con el emplazamiento necesario para sancionar al Partido Radical.