El requerimiento se fundamenta en que el alcalde habría causado un grave perjuicio al patrimonio municipal por los despidos masivos de funcionarios municipales a contrata y honorarios.

El presidente del aludido sindicato expuso que el proceso llevado a cabo cumplió con todas y cada una de las exigencias establecidas en la ley y los estatutos del sindicato.

El reclamante sostiene que la facultad del SERVEL para llevar adelante el proceso sancionatorio se encuentra caducada por el solo ministerio de la ley desde el 10 de febrero de 2018.

La recurrente aduce que el partido se encuentra legalmente constituido en las regiones I, XV y VI.

Sostiene que se le hace muy difícil pagar la multa de 5 UTM, debido a que es madre soltera.

El concejal expone que en ningún caso de instaló propaganda electoral, solo se decoró un espacio en el marco de una reunión.

La reclamante reconoce que es efectivo lo advertido por el Servicio Electoral, toda vez que el equipo de trabajo electoral de su campaña política, habría incurrido sin su conocimiento y consentimiento.

El SERVEL sancionó a los administradores electorales por no remitir al Administrador General Electoral, dentro del plazo legal establecido, información y documentación contable.

No contribuiría al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos.

Habiéndose fijado hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, rindiendo pruebas respecto de ellos, era deber del tribunal analizar la prueba en su integridad antes de citar sentencia.