Vecina denunció que se cambió el local de votación sin informar adecuadamente a los socios.
La concejala habría influido para que el municipio le pague a ciertos proveedores.
No se citó a todos los Sindicatos socios de la organización.
El concejal se encuentra formalizado por el delito de abuso sexual.
Se habría permitido la votación de personas que no eran socias de la institución.
Durante su mandato como alcalde habría aprobado patentes comerciales a arrendatarios de locales de su propiedad.
Vecina denunció diversas irregularidades que habrían afectado el resultado de la eleccción.
El Tribunal Electoral Regional del Biobío le impuso la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el lapso de cinco años por no abstenerse en la toma de decisiones relacionadas con su pareja sentimental.
La normativa electoral regula las condiciones en que se puede realizar propaganda electoral; en qué lugares se puede instalar, en qué plazo y qué tipos de propaganda son aceptadas.
La empresa carece de interés directo en los resultados de la elección por no ser parte del Sindicato.
