TC declaró constitucional proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos legales.
El TC estimó que, por atribuir una nueva facultad a los municipios, regula una materia propia de la ley orgánica constitucional de municipalidades. En relación a ella resolvió que es constitucional, en el entendido de que tal nueva competencia no afecta las atribuciones y funciones privativas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dentro del correspondiente territorio comunal.