El requerimiento sostiene que el precepto impugnado desnaturaliza el contenido de la Ley de Presupuestos, infringe las reglas especiales en materia presupuestaria (art. 67 inciso segundo), así como las reglas sobre ideas matrices (art. 69 inciso primero) y sobre iniciativa exclusiva (Art. 65 inciso cuarto, numeral 2), lo que el Tribunal Constitucional debe declarar para que la norma cuestionada –incorporada en el proyecto de ley de presupuestos- no pueda ser promulgada.
Cuestiones de constitucionalidad
Norma que se incorpora al Código Tributario que establece un límite para que ciertas operaciones de compra y venta se realicen por determinado medio de pago, se ajusta a la Constitución.
Norma que sanciona a los contribuyentes que celebren contratos de derivados con una misma sanción si no presentan las declaraciones juradas, si lo hacen de modo incompleto o si son falsas, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Norma que autoriza decretar como apremio el arresto por no pago de cotizaciones previsionales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Norma que impide conceder orden de no innovar durante la tramitación en los juicios de arrendamiento de predios urbanos, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado
Norma que exige en los procedimientos disciplinarios ofrecer toda la prueba de la que pretenda valerse el funcionario judicial al formular sus descargos, se impugna de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que a diferencia de la denunciante no se le permite acompañar o solicitar prueba después de los cinco días desde que fue notificado del sumario y debe hacerlo en el escrito de descargos.
Diputados solicitan se declare inconstitucional norma que permite el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento de salud, presentando una receta extendida al efecto por un médico cirujano.
Los diputados requirentes alegan que la norma se aparta de las ideas matrices de la iniciativa que se aprobó para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, más no para autorizar el cultivo de especies vegetales del género cannabis.
TC deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de siete requerimientos de inconstitucionalidad que persiguen revocar indultos otorgados al ex frentista Mateluna y seis de los 12 beneficiados por delitos del 18/O.
En caso que los requerimientos se declaren admisibles, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse luego sobre el fondo de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.
Senadores ingresan requerimiento de inconstitucionalidad que impugna Decreto Supremo que incorporaría nuevos trámites en el procedimiento de solicitud de la calidad de refugiado.
Los senadores requirentes estiman que la incorporación por parte del Presidente de trabas para dicha solicitud va en contra de los fines de la misma ley, contraviniendo su potestad reglamentaria y diversas garantías constitucionales.
Normas que excluyen al personal de Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) de la aplicación del Código del Trabajo, se declaran inconstitucionales.
Por unanimidad se declaró que los preceptos impugnados configuran una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.
Norma del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección que faculta a las Cortes de Apelaciones a solicitar informe a terceros, se ajusta a la Constitución.
El ejercicio de la facultad conferida a los tribunales resulta armónica con la naturaleza cautelar de la acción de protección, que busca restablecer el derecho y asegurar la protección del afectado.
Proyecto de ley que autoriza el cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad, se ajusta a la Constitución.
El rol del Estado no es generar ghettos ni aislar a la población mediante el incentivo al encierro, sino asegurar libertades, dar seguridad y velar por la integración armónica de los diferentes sectores de la sociedad, razonan los disidentes.
Delitos contra la integridad sexual y el orden de las familias cometidos por naturales de la etnia Rapa Nui en su territorio, no podrá castigarse ya con una pena más baja, ni favorecer su cumplimiento fuera del recinto penitenciario.
El Tribunal Constitucional, actuando de oficio, declaró inconstitucionales las normas que así lo establecían. Antes se habían declarado inaplicables por vulnerar la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
No se ajusta a la Constitución proyecto de ley que extiende a pescadores artesanales beneficio con ocasión de la pandemia por COVID-19. Se declara inconstitucional y no podrá ser promulgado.
Vulnera la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de administración financiera del Estado.