El máximo Tribunal de Brasil adujo que, en la aplicación de la pena, se tomaron en cuenta el juicio agudo de desaprobación de la conducta criminal, en vista del ejercicio de la representación popular desde 1995 y la confianza depositada por los votantes en su desempeño.

La gestión pendiente incide en proceso civil, sobre reclamación, seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Puerto Montt.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que operaciones deben ser autorizadas en casos «absolutamente excepcionales», que deben ser justificados y monitoreados por el fiscal del estado.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que es deber del Estado reconocer y valorar las actividades extracurriculares, que son esenciales para el derecho a la educación, para el pleno desarrollo de la persona.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que las restricciones a las libertades de expresión y a la enseñanza, son características típicas de los estados totalitarios o autoritarios.

La Magistratura constitucional colombina adujo que el Decreto Legislativo no desconoce la prohibición de arbitrariedad durante los estados de excepción; no afecta ninguno de los derechos fundamentales intangibles y su contenido no contradice ninguna norma constitucional.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Romero, Pica y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

El decreto tenía por objeto autorizar al Ministerio de Salud para que adelantaran ciertos trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos y productos que se necesitan para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad Covid-19.

La gestión pendiente incide en autos penales de procedimiento simplificado por delito de conducción en estado de ebriedad, de que conoce el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

El impuesto, que busca recursos para tender la pandemia, implica que a los trabajadores del sector público que ganen más de $10 millones se les descuenta un 15 % de su salario.