El fallo determina que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino en que la institución matrimonial en Chile es una unión entre hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile si lo hace con una persona de sexo opuesto.

Asimismo, el Decreto contempla medidas en materia de seguridad social, la promoción de la generación de actividades y de proyectos creativos en las artes escénica y flexibilizar las condiciones de acceso a beneficios tributarios concretos en el sector cinematográfico.

El fallo fue acordado con el voto disidente del Ministro García Pino, quien estuvo por acoger parcialmente el requerimiento.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, sin perjuicio de ello, es necesario resaltar el cumplimiento de una eventual orden judicial, aun cuando el destinatario sea el propio Presidente de la República.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que si bien existen casos excepcionales en los que podría otorgarse una indemnización mayor a la señalada como regla general para los perjuicios morales, esta excepción exige la verificación de circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral.

El máximo Tribunal de Brasil manifestó que uno de los principales pilares de las democracias contemporáneas se basa en el trabajo de jueces independientes, que no se eximen de aplicar la Constitución y las leyes a nadie, con el objetivo de la justicia como una misión guiada por la imparcialidad y la prudencia.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pozo y Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento de autos.

Según los accionantes, la norma, que determina la reducción de las cantidades hasta en un 30%, usurpa la competencia privada de la Unión para legislar sobre Derecho Civil.