La Magistratura colombiana ordenó a Notaría de Medellín que corrigiera el registro civil de la menor, de manera tal que el nombre de su madre quedara inscrito correctamente.
La Magistratura colombiana ordenó al Ministerio del Trabajo que, en el término máximo de 10 días, lleve cabo los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria periódica como víctima del conflicto.
La Corte Suprema sostuvo que, la revisión de la sentencia dictada por el TC en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental.
La Corte indicó que, el principio de la doble instancia, según la jurisprudencia de esta Corporación, no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial debe ser susceptible de ser apelada o consultada.
El fallo declaraba inconstitucionales y nulos determinados disposiciones de resoluciones de dicho Parlamento.
La Magistratura constitucional española sostuvo que no se ha vulnerado su derecho a la libertad personal ni a la tutela judicial efectiva porque las resoluciones impugnadas se fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo ?evitar el riesgo de fuga-.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.
La Magistratura española concluyó que las resoluciones impugnadas no han vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17 CE) porque han superado el examen de constitucionalidad basado en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves y un riesgo de reiteración delictiva, que daría lugar a perjuicios singularmente graves.
La Magistratura Constitucional española indicó que la pérdida sobrevenida de objeto se debe a que los incisos y apartados impugnados por el Abogado del Estado ya han sido anulados por Autos de esta misma fecha por incumplimiento de la STC259/2015, de 2 de diciembre.
