La Magistratura colombiana concluyó que no existían evidencias de que las acciones de tutela respondiesen al interés superior de los niños, y a interrogarse sobre si los niños fueron instrumentalizados por actores económicos para extraer recursos del sistema.

El requerimiento se fundamenta en que el diputado habría incurrido en la causal de cesación, contemplada en el artículo 6 inciso quinto de la Constitución Política de la República, específicamente, el haber incitado a la alteración del orden público.

La gestión pendiente incide en autos de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.

La gestión pendiente incide en autos laborales de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de nulidad.

La Magistratura Constitucional española sostuvo que no es constitucionalmente ilegítimo el trato diferente entre representantes políticos cuando se orienta a impedir una posición preponderante de unos sobre otros, lo que avala la constitucionalidad del art.39 RAE.

Los contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos que regula la normativa impugnada guardan conexión con instituciones de su derecho civil catalán.

La gestión pendiente incide en autos sobre término de contrato de arrendamiento, seguidos ante el Vigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

En su sentencia, el pleno del TC aduce que las decisiones judiciales cuestionadas cumplen con las exigencias constitucionales de previsión legal, finalidad legítima y proporcionalidad.

La Magistratura colombiana exhortó al Gobierno y al Congreso de la República.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso por recurso de apelación.