La Magistratura colombiana ordenó, entre otras medidas, la creación de una brigada de salud para valorar a los habitantes del resguardo indígena e informe los resultados a la Comisión Técnica y a las entidades prestadoras del servicio de salud correspondiente.

La Magistratura colombiana indicó que, de solicitárselo, los accionantes dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta decisión, los reintegrare de manera inmediata a un cargo igual o de mejores condiciones al que desempeñaban en el momento de sus desvinculaciones.

La Magistratura colombiana concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social al desconocer su condición de prepensionado y terminar el contrato de trabajo, pues al accionante le faltaban menos de tres años para pensionarse.

La Magistratura colombiana indicó que la sentencia agregó que el cargo de Defensor Regional del Pueblo que desempeñó dentro del año anterior a su elección, no es un cargo del orden departamental y, por lo mismo, no se configuró uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución.

El requerimiento incurre en la causal de inadmisibilidad artículo 84, numeral 6 de la LOCTC, esto es, que la impugnación accionada no cuenta con fundamento plausible.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Se confirió traslado al Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.

La gestión pendiente incide en autos sobre despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación.

La Magistratura colombiana ordenó al juez de primera instancia decretar una medida de carácter provisional de manera inmediata, consistente en el pago de las mesadas pensionales compartidas, entre cónyuge y compañera permanente, en porcentajes iguales