«…el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley».

De aceptarse la tesis contraria, concluye al requerimiento, se establecería un precedente absolutamente reñido con el régimen presidencial contemplado en nuestro ordenamiento constitucional.

Para ello citó a una audiencia pública que se celebraría el mismo día de la vista de la causa y con anterioridad a ésta, esto es, el día 21 de junio de 2011. Sin embargo, atendido el alto nuecero de solicitudes que ingresaron a la Secretaría del Tribunal -108 presentaciones escritas-, de las cuales 46 solicitaron ser oídas en la audiencia pública, la Magistratura Constitucional acordó que la referida audiencia se inicie el día de hoy.

En el marco del proceso de inconstitucionalidad de determinadas disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91) que dedujo un grupo de 17 senadores que solicitaron se declare inconstitucionales los artículos 7, 10 N°3, 14 N°2, 15, 16, 17 y 40 del referido Convenio, la Magistratura Constitucional, haciendo uso de la facultad […]

El Tribunal Electoral Regional de la XI Región de Aysén, solicitó al TC un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, de 19 de enero de 2011, que modificó el Auto Acordado dictado por ese Tribunal relativo al procedimiento de designación de miembros titulares y suplentes de los Tribunales Electorales […]

La reforma constitucional de 2005 le otorgó al TC la atribución de resolver sobre la constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. La Carta Fundamental distingue, a estos fines, dos categorías de legitimados activos. De una parte, el Presidente de la República, […]

«la Unión Internacional para la Obtención de las Protecciones Vegetales es una organización de carácter intergubernamental establecida en el año 1961 y de la cual Chile es parte desde 1996, siendo el “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” (UPOV) un acuerdo internacional que data de 1961, con modificaciones introducidas en los años 1972, 1978 y 1991, correspondiendo una acta a cada una de ella».

La sentencia expone que el conflicto se reduce a elucidar dos cuestiones esenciales: 1) si para la consecución de un fin constitucionalmente irreprochable, la autoridad administrativa cuenta o no –dentro de sus medios actuales- con competencias a tal efecto y, de ser así, 2) si el ejercicio de tales facultades administrativas amaga o no derechos fundamentales.

Es la primera vez que el TC se pronuncia sobre el fondo de una impugnación que se dirige en contra del Auto Acordado que regula la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Cabe señalar que el Presidente de la República retiró de la tramitación parlamentaria el proyecto de ley, informándose que tales regulaciones serían establecidas a través de una reforma constitucional.