Se obtuvo mayoría únicamente para declarar la inaplicabilidad de la frase antes señalada, lo que se expresa en la sentencia a través de tres votos diferenciados, compartiendo el argumento común de que la aplicación concreta del artículo 318 del Código Penal contraría las garantías del artículo 19, Nos 2 y 3, de la Constitución Política, en razón de su falta de proporcionalidad al contemplar como sanción una pena privativa de libertad.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, y los Ministros García, Pozo y Pica, quienes estuvieron por rechazar el libelo, en consideración que o lo planteado en el requerimiento en lo que atañe a la impugnación de la frase final del inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo carece de coherencia.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pica, y la Ministra Silva, quienes estuvieron por rechazar la impugnación, en consideración que el punto alegado en la casación en la forma, respecto del cual se intenta la inaplicabilidad, se encuentra comprendido dentro de la competencia de la Excelentísima Corte Suprema.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Vásquez y Pica, quienes estuvieron por rechazar la impugnación, en consideración que el precepto constitucional invocado por la Municipalidad de Maipú, N° 3 del artículo 19, no aplica en su favor.

La sentencia aclara que, en la especie, no se controvierte la competencia que posee la SEREMI de Salud de Los Lagos de fiscalizar el estricto cumplimiento de las leyes sanitarias, con miras a cuidar la salud pública y el bienestar higiénico en el territorio de su competencia.

La sentencia explica que la idoneidad de la medida de establecer un régimen especial de despidos asimilables a la carrera militar, se funda en un mismo tratamiento laboral de todos los aspectos generales asimilables a una dimensión estatutaria. Sin embargo, tal circunstancia dejó de acontecer hace décadas, deviniendo en insostenible esta finalidad.

El TC refiere extensamente a sus decisiones anteriores, en sede de inaplicabilidad, respecto del artículo 2331, ya que según los antecedentes del caso y planteamientos del requerimiento no existen motivos que justifiquen resolver el conflicto de manera diversa.

La Magistratura Constitucional considera que la aplicación de las normas cuestionadas infringe el debido proceso, ya que la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación.

La sentencia señaló que la norma debe declararse inaplicable en este caso, ya que, en primer lugar, la certificación de competencia es una cuestión objetiva cuyo ámbito regulatorio escapa de la identificación de un trabajo prohibido.

La Magistratura hace presente que los juicios mediante plataformas electrónicas se han convertido en el medio que los diferentes Estados han preferido para administrar la justicia en el contexto de la enfermedad por el COVID-19, lo cual ha significado ir adoptando un modelo de “justicia digital”.