El menor y sus padres deben someterse a un procedimiento de reeducación ante el prestador.
Ordena que la recurrida haga entrega a la recurrente del formulario de formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados.
El máximo Tribunal señala que los actos del Alcalde amenazan la independencia e imparcialidad judicial.
Resulta evidente que el impulso procesal estaba radicado en el tribunal.
Las consideraciones y fundamentos de cada posición serán conocidas una vez que sea evacuada la debida sentencia.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y los Ministros García y Pica, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, por cuanto el conflicto constitucional no guarda relación, con la mayor o menor facultad que el sistema procesal penal le otorga a la víctima del delito.
El recurso fue acogido por no constar la eliminación de la publicación.
La empresa requirente estima que el precepto impugnado vulneraría las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La pareja del recurrente lo acusa de ejercer maltrato en su contra.
El demandante sufrió vejaciones y torturas tras ser detenido por la CNI.
