La Corte de Santiago indicó que, el obrar de la recurrida debió entenderse ilegal, al haberse impuesto al menor el cumplimiento de exigencias adicionales de aquellas que correspondió legalmente.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Leopoldo Llanos y del Abogado Integrante Pedro Lagos, quienes estuvieron por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos.
La Corte de Antofagasta determinó que, el actuar de la recurrida, Instituto Profesional AIEP, es arbitrario.
Se trata de hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Concepción indicó que, los actos ejecutados por las recurridas afectó el derecho de propiedad de la recurrente.
La Corte de Santiago indicó que, la inactividad de la recurrida debe ser calificada como arbitraria, desde que su omisión conculcó, en su oportunidad, la garantía de igualdad ante la ley.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, del mérito de los antecedentes apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Concepción indicó que, se configuró una actuación de facto, que alteró el status jurídico existente y perturbó el legítimo derecho de propiedad de la actora, respecto del uso y goce del inmueble que le pertenece.
El país discriminó a una persona ya que le negó pensión tras la muerte de su pareja del mismo sexo.
La Corte de Concepción indicó que, a la fecha de disponerse el retiro temporal del recurrente éste detentaba la calidad de dirigente gremial.
