Las normas impugnadas establecen un marco regulatorio diverso al de la Constitución, al considerar como pública información que no lo es.
La norma impugnada incurre en una discriminación arbitraria e impide el acceso a un recurso útil.
Dada la falta de emplazamiento alegada, la exclusión de la apelación no resulta conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que la Constitución exige en la configuración de los procedimientos.
Vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y un procedimiento racional y justo.
Tenor de los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285 hacen pública toda información que obre en poder de los órganos estatales, sea que esté o no relacionada con su actuar y funciones.
Vulneran la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Vulnera las garantías de igualdad ante la ley, a un justo y racional juzgamiento y el derecho de propiedad.
Vulnera la garantía de un justo y racional juzgamiento.
No contiene parámetros objetivos, claros y dotados de suficiente densidad normativa que garanticen que el CNTV pueda ajustar la multa, y luego, que el juez examine, conforme a dichos parámetros, la sujeción de la respectiva decisión sancionatoria a la legalidad vigente.
Declara inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal. El fallo se conocerá en los próximos días.
