Pugna con el derecho que la Constitución confiere a la víctima, pues el ejercicio de la acción no se satisface sólo cuando es posible iniciarla, sino que supone continuarla y poder desplegar los derechos que ella integra a lo largo del proceso para que sea cabal y oportuna la tutela judicial efectiva.

La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales, lo que infringe la igualdad ante la ley.

Vulnera la igualdad ante la ley y no se aviene con un procedimiento racional y justo.

La aplicación de la norma legal impugnada produce un efecto que pugna con la racionalidad y justicia procedimental.

No crea un recurso inexistente, puesto que al eliminarse una excepción sólo retoma vigencia la regla general, cual es que la casación en la forma se abre para la totalidad de las causales en que está llamada a regir, sin exclusión, según la preceptiva vigente.

La sola acusación no cumple con el estándar constitucional para justificar la suspensión del derecho a sufragio. Para ello, al menos, es menester que se lleven a cabo actuaciones procesales posteriores a su presentación donde intervenga el Juez de Garantía.

La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales.

La norma legal impugnada produce un efecto que pugna con la racionalidad y justicia procedimental garantizada en el artículo 19, Nº 3º, inciso sexto, de la Constitución.

Infringe las garantías de igualdad ante la ley y libertad de trabajo, pues se establece una diferencia arbitraria.

Nos encontramos frente a una infracción al artículo 19 Nº2 en relación con el 19 Nº1, porque la norma cuestionada establece una diferencia arbitraria.