Ejercer el derecho a revisión a través del recurso de apelación deducido por la requirente es fundamental ante la limitación improcedente y arbitraria que consigna el artículo 472 del Código del Trabajo.

Se infringiría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la honra.

Se infringiría el debido proceso, toda vez que la Corte de Santiago, al resolver el reclamo de ilegalidad, en el hecho lo haría como tribunal de única instancia. Contra su decisión no sería posible presentar ningún recurso judicial.

El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil, introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva que, desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulneraría la garantía de un procedimiento justo y racional.

El decretar el embargo sobre los fondos que percibe como sostenedora de la escuela, solo tendería a generar un caos económico y la imposibilidad de la continuidad del servicio educación que esta presta a la sociedad.

El artículo objetado autoriza el recurso de nulidad contra la sentencia del segundo juicio, sólo si la primera sentencia fue absolutoria y la segunda condenatoria.

De declarar a la requirente como único empleador, todos los trabajadores de la otra empresa pueden negociar colectivamente, eventualmente, sólo con la requirente, y en tal el escenario estará obligada a ofrecer como piso de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció.

No existiría ninguna razón para restringir su libertad de trabajo y prohibirle el ejercicio en el sector privado.

En la gestión pendiente, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación sin formalización.

El cuestionamiento al artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, no ostenta fundamento plausible y confluye la causal de inadmisibilidad del artículo 84 N°6 de la ley orgánica constitucional.