El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.
El requirente estima que vulneran sus garantías de debido proceso, igualdad ante la ley, proporcionalidad de las sanciones y seguridad jurídica.
El requirente alega que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que no tiene relación comercial y laboral con el resto de las empresas objeto de la demanda, por lo que se le imponen cargas excesivas de manera arbitraria.
El requirente estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que se otorga un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás, a la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y automática, vulnerando el debido proceso.
El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
