La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.
El requirente alega se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente sostiene que se le impide arbitrariamente recurrir a un fallo que le perjudica, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
El municipio estima que aplicarle dicho precepto afecta su autonomía como ente municipal y desconoce la normativa especial en la materia.
El requirente sostiene que tal limitación recursiva no tiene fundamento razonable y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente alega que se le obliga a entregar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la sanción establecida no contiene criterios mínimos de determinación de la multa aplicable, vulnerando los principios de legalidad y proporcionalidad.
