Los requirentes estiman que la norma establece un requisito adicional que limita su capacidad para negociar con su empleador, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que la distinción no encuentra justificación alguna y vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de protección al empleo.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
La Notario requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y carente de razón, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente estima que el hecho de descartar toda su prueba testimonial por ser una persona jurídica resulta arbitrario y afecta su derecho a defensa.
Los requirentes estiman que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
El abogado del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Carlos Manríquez, había presentado ante el TC un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
El requirente estima que el núcleo de la conducta penada no se encuentra descrito en la ley, infringiendo los principios de legalidad y tipicidad.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
