El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.
Las requirentes, dos empresas salmoneras, estiman que la normativa impugnada amplía el concepto de información pública más allá de los límites establecido por la Constitución.
Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegan que fueron arbitrariamente excluidos de un bono de reconocimiento profesional.
El requirente estima vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que se le impide hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.
La requirente estima que no se la puede sancionar nuevamente por los mismos hechos en sede administrativa por cuanto ello vulnera los límites de la capacidad punitiva del Estado.
La requirente alega qua la normativa impugnada contraviene los límites constitucionales a la publicidad, vulnerando su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
El requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada e inimpugnable, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales
La requirente estima que el hecho de aplicar una multa por razones que nada tienen que ver con la conducta infractora vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.
La requirente alega que la norma, al no establecer marcos regulatorios suficientes al juez, vulnera el principio de legalidad.
La requirente alega que la normativa sobre tachas de testigos vulnera su derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, toda vez que se le impide probar los puntos de prueba fijados por el tribunal.
