La requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad.
El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.
El requirente alega que el incumplimiento no le es imputable y que la aplicación del precepto legal infringe sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso, la propiedad y la seguridad jurídica.
Los requirentes estiman que la aplicación de la norma impugnada transgrede la igualdad ante la ley y su derecho a defensa.
El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente estima que la aplicación de esta norma en su caso concreto vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, y conlleva a la aplicación de una pena desproporcionada.
El requirente estima que los preceptos legales afectan, entre otros, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Requirente estima que la aplicación de la norma vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente alega que el precepto impugnado coarta su derecho a la defensa jurídica.
