El requirente alega que el precepto impugnado contradice la Constitución en la forma en que ésta regula el desafuero de autoridades públicas, vulnerando además el debido proceso.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto produce efectos inconstitucionales ya que se trataría de una norma penal en blanco que además genera efectos desproporcionados.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto impide al sancionado presentar descargos o defensas.
El requirente estima que se le imponen sanciones muy gravosas sin atender a las circunstancias del caso particular, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
El requirente alega que la norma permite un uso discrecional de la facultad punitiva del Estado, vulnerando sus garantías constitucionales.
La requirente alega que se vulneran los principios de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso.
El requirente alega que vulneran su dignidad, integridad psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, la protección a la vida privada y el derecho de propiedad.
El requirente estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que viene a otorgar un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás, la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.
El requirente alega que la agravación de la pena va en contra de los fines del sistema de responsabilidad penal adolescente, vulnerando sus garantías constitucionales.
