El requirente estima que se afecta su derecho al debido proceso, a no auto incriminarse y la igualdad ante la ley.
El requirente alega que no puede defenderse de una sanción desproporcionada y cuya cuantía crece en el tiempo, lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
La requirente estima que se vulneran los principios de proporcionalidad, culpabilidad y responsabilidad personal, y las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley.
La Polar estima que la aplicación de la norma en este caso pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras y vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente alega que le impide ejercer su derecho a ejercer acción penal, vulnerando también su garantía al debido proceso.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, lo que vulnera su garantía al debido proceso.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, asociación, libre contratación y sindicación.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
Los requirentes estiman que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
