El requirente estima que la prohibición del legislador no encuentra fundamento razonable, por lo que atenta contra su garantía de igualdad ante la ley.
El requirente alega que, de aplicarse el precepto impugnado, es imposible ejercer su acción penal, lo que afecta su garantía a la tutela jurisdiccional efectiva.
El requirente alega que el hecho que se obligue al juez a fijar caución para levantar la orden de suspensión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal contiene una sanción desproporcionada y carente de especificación suficiente.
La requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho a impugnar lo resuelto, cuando dicha sentencia presenta evidentes anomalías.
La requirente estima que carece de densidad normativa al no fijar criterios o directrices mínimos, verificables y objetivos, conforme a los cuales las EGC debieran determinar su tarifado.
Al no permitirse interponer la excepción de prescripción y, asimismo, no poder apelar una resolución que rechazó la vía judicial -nulidad de todo lo obrado- se vulnera la garantía del debido proceso.
La requirente alega que, en el caso concreto, las normas invocadas imponen una medida de exclusión desproporcionada, que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el contenido esencial de esos derechos fundamentales.
El requirente sostiene que la inclusión que hace el legislador de los trabajadores de FAMAE al Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas resulta arbitrario, toda vez que los mismos se rigen siempre y durante toda su relación laboral por el Código del Trabajo.
La requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho a impugnar lo resuelto, cuando dicha sentencia adolece de vicios y errores, la cual -en el caso concreto- no se ajusta a lo resuelto de manera por previa por el Tribunal Constitucional.
