La decisión administrativa que omite oír al afectado antes de decretar el auxilio de la fuerza pública no es justa ni racional.

Los artículos objetados obligan a tratar la información que la Isapre ha puesto en conocimiento de la Superintendencia de Salud, de manera extraordinaria, como si la misma fuese pública.

La requirente es denunciada por un Sindicato que alega vulneración de derechos fundamentales por prácticas antisindicales.

Si se declara admisible le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Se estaría validando jurídicamente la intromisión de la empresa estatal en las decisiones adoptadas por los sindicatos, lo cual vulneraría la libertad sindical.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir, a todo evento, la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición.

La aplicación de los artículos objetados es objetivamente incompatibles con la presunción de inocencia y con la exigida certeza, más allá de una duda razonable, para condenar a un imputado.

Al no permitir la aplicación de las normas del Código del Trabajo a un funcionario de la Universidad de Antofagasta, se obliga a la entidad educativa a realizar una actuación ilegal respecto de la cual no existe autorización explícita.

El diputado Leónidas Romero se querelló en contra del requirente por el supuesto delito de calumnias e injurias graves con publicidad.