Al no permitir que se objete la liquidación del crédito por un motivo diverso al de errores matemáticos, y luego limitar que se recurra ante un tribunal superior en caso de ser agraviante la resolución que resuelva la objeción del crédito, el procedimiento en el cual se juzga al requirente no sería racional ni justo.

Se vulneraría el debido proceso, pues la diferenciación efectuada por la norma impugnada implica una vulneración al derecho a defensa.

La norma objetada permitiría e incentivaría la discrecionalidad del CNTV y el ejercicio abusivo y/o discriminatorio del ius puniendi estatal.

Se le estarían imponiendo requisitos de forma y oportunidad a la manifestación de la defensa que no están establecidos en la norma, sancionando a las requirentes con una notificación por el estado diario, a pesar de no haber comparecido.

Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.

Se infringiría el derecho a la honra, pues el derecho a usar el nombre que a una persona le corresponde de acuerdo a la filiación natural y legalmente establecida, se relaciona directamente con la autopercepción positiva y buena que cada persona tiene derecho a tener de sí misma, y la que espera de los demás.

El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva que, desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulneraría la garantía de un procedimiento justo y racional.

Se infringiría el debido proceso, toda vez que la requirente se vería sometida a un procedimiento injusto, que si bien cumple en apariencia con las normas de esta garantía, en realidad las vulnera desde el momento en que se restringen en ellas normas básicas.

Ejercer el derecho a revisión a través del recurso de apelación deducido por la requirente es fundamental ante la limitación improcedente y arbitraria que consignaría el artículo 472 del Código del Trabajo.

Se infringiría el debido proceso, toda vez que la Corte de Santiago, al resolver el reclamo de ilegalidad, en el hecho lo hace como tribunal de única instancia. Contra su decisión no sería posible presentar ningún recurso judicial.