El patrimonio de las requirentes se ve constantemente afectado, sin límite de tiempo e imposibilitada respecto de un freno efectivo a la situación, lo cual puede ser considerado como un enriquecimiento ilícito y sin causa.

Esto, en el marco de diferentes acciones legales presentadas por Eduardo Frei en contra de su hermano, Francisco, quien habría realizado una serie de estafas al administrar fraudulentamente dicha sociedad.

El requirente fue condenado al pago de una multa cercana a los 38 millones de pesos, en virtud de una denuncia efectuada por la Dirección de Obras Municipales de Pucón.

Se infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que se establece una diferencia injustificada al negar el debido y necesario emplazamiento que requiere toda parte afectada por una decisión administrativa que, en este caso, fue sancionada con la cancelación de una inscripción de dominio a su nombre.

Se afecta la garantía constitucional del debido proceso, no siendo racional ni justo que, en la gestión pendiente, no pueda alegarse el abandono del procedimiento, cuando ha existido inactividad de la parte demandante y del Tribunal durante un plazo superior a 3 años.

La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que no existe una razón jurídicamente legítima, necesaria y proporcionada para limitar la procedencia del recurso de casación en la forma.

La aplicación del precepto impugnado resultaría absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros. No se funda en ningún motivo razonable y hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.

La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que hace una distinción injustificada al restringir la oposición de excepciones en el juicio ejecutivo laboral que se permiten en un juicio ejecutivo ordinario.

La Carta Fundamental regula de manera específica y detallada la procedencia del recurso de apelación en materia de desafuero, al establecer que está limitado solo a las resoluciones que conceden el desafuero, por lo que no procede apelación contra una resolución que lo rechaza.

Dada la complejidad contable y financiera de las objeciones, resulta imprescindible que la requirente cuente con un término probatorio para la adecuada defensa de sus derechos.