El requirente alega que la suspensión indefinida atenta contra su derecho a ser juzgado dentro de un plazo prudente.

La requirente alega que la norma lo priva de acceder a la segunda instancia lo que transgrede su garantía a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al recurso, entre otras garantías constitucionales.

El requirente alega que se aplica la norma de forma arbitraria vulnerando su igualdad ante la ley, el debido proceso, la dignidad humana, entre otras garantías constitucionales.

La requirente alega que la aplicación de esta norma resulta discriminatoria, contraria a la igualdad ante la ley y atenta contra su patrimonio.

El requirente alega que estos preceptos no son congruentes con la Constitución Política, ni con el sistema previsional en su conjunto, y contravienen la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contraviene la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, alega el requirente.

El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva, tanto más si debe promover el incidente en el breve plazo de 5 días, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, entre otras garantías.

El requirente alega que se le impide injustamente controvertir una factura por servicios que no se prestaron, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional, es contraria a la igualdad ante la ley, afecta su derecho a defensa, contraviene el debido proceso, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.

El requirente alega que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías, que contraviene la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la ley, y otras garantías aseguradas en tratados internacionales.