El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
El requirente alega que se le castiga múltiples veces por el mismo hecho, resultando en una sanción desproporcionada que afecta su derecho de propiedad.
El requirente estima que se vulnera su garantía de legalidad penal, el principio de legalidad y de taxatividad penal, junto a la eximente de legítima defensa.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente estima que la aplicación de estas normas atenta contra las garantías a un debido proceso y derecho de propiedad.
El requirente alega que se mantiene su estado de incertidumbre migratoria, afectando sus derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente estima que la restricción recursiva resulta contraria a su garantía a un debido proceso.
La requirente estima que la aplicación de la norma atenta contra la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
