El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.
El requirente alega que establece un mecanismo sancionatorio sin que la multa se encuentre graduada en función de la gravedad de las contravenciones punibles a sancionar, lo que contraviene diversas normas constitucionales. También solicita se declare inaplicable la norma que niega el recurso de casación en los procedimientos seguidos ante los jueces de policía local.
El requirente alega que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad.
El requirente alega que se permite vender en subasta pública acciones de su propiedad a un precio muy bajo sin que pueda oponerse, afectando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios constitucionales de legalidad y competencia, además de la garantía constitucional del debido proceso.
El requirente alega que la restricción de su libertad personal resulta desproporcionada, afectando además su garantía a la libertad del trabajo.
La requirente estima que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el debido proceso.
Como el artículo 48 no incluye el auto despido entre las causales conforme a las cuales los funcionarios de una dotación municipal de salud dejaran de pertenecer a ella, los requirentes alegan que se configura una discriminación arbitraria en su contra.
La requirente estima que se configura una limitación arbitraria que transgrede su garantía a un debido proceso.
La requirente estima que la norma conculca su derecho a un justo y racional procedimiento, y la cosa juzgada derivada de una transacción como equivalente jurisdiccional.
