Se dedujo recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Pedro de la Paz y de su Concejo Municipal, por la modificación que ha experimentado un terreno, que si bien es de privados, siempre fue destinado a zona de áreas verdes, lo que conculcaría el derecho de propiedad de los recurrentes y sus vecinos, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, ya que ellos adquirieron sus viviendas considerando el área verde existente e incluida en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, así como el derecho de propiedad sobre el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equipado con área verde y juegos infantiles, entre otros derechos.

Se dedujo recurso de protección en contra de una empresa que estaría desarrollando trabajos de mejoramiento de camino público, lo que estaría generando una serie de perjuicios a la recurrente, toda vez que le habrían dañado sus cercos y habrían procedido a botar escombros en su propiedad, lo que vulneraría su derecho de propiedad.

Tras obtener 60 votos a favor, 30 en contra y 8 abstenciones, fue rechazado en la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que regula la actualización de los padrones electorales

Se dedujo acción de protección en contra del Director de la Escuela Rural F – 1051 de Rihue, comuna de Negrete, Región del Bío – Bío, por parte de una ex profesora, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el acto consistente en que el 28 de diciembre de 2012 dicha autoridad escolar le comunicó verbalmente a la recurrente que no contaría con sus servicios para el año 2013, aduciendo, entre otros motivos, entregar licencias médicas en el Departamento de Administración de Educación Municipal, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, del derecho a la honra y del derecho de propiedad.

Se dedujo recurso de protección en contra de la Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de San Miguel

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dos reclamos en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia de ordenar la entrega de parte de sumarios administrativos, seguidos en el Hospital el Pino y Gendarmería

Se dedujo acción de protección en contra del Fiscal instructor de un sumario administrativo instruido según Resolución Exenta N°358 de 2012 de la Contraloría Regional del Maule; y del Jefe de la Unidad de Auditoría e Inspección (S) de la misma institución, por parte de un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Pelarco, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el acto consistente en no permitir rendir prueba a fin de acreditar sus alegaciones en el sumario administrativo pertinente; todo lo cual constituiría una vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, además de vulnerar el principio de legalidad del juzgador

Se interpuso recurso de protección en nombre y representación de una serie de personas privadas de libertad, en contra del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, fundado en la conducta arbitraria e ilegal del recurrido que ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los números 1, 2, 6 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. El recurso se fundó en una serie de hechos de maltrato físico y psicológico, agravados con la amenaza constante de ser trasladados a otros centros de reclusión sino trabajan o no profesan la religión del Alcaide.

Se dedujo recurso de protección en contra de la Universidad de Valparaíso por el acto ilegal y arbitrario consistente en la separación injustificada de sus labores como funcionaria de la institución recurrida, vulnerándose así las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 2 y 24 de nuestra Constitución Política.

Se dedujo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Temuco por la no tramitación de licencias médicas del recurrente, lo que vulneraría sus garantías aseguradas en los numerales 1, 2 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política