El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho al racional y justo proceso y el principio de igualdad ante la ley, desde que lo priva de interponer recurso de casación en la forma en contra de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia que falló con ultra petita.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que se registró en su hoja de vida una medida disciplinaria expulsiva con la consecuente inhabilidad de ingreso a la administración pública, sin que previamente se hubiere tomado razón por la Contraloría de la resolución municipal, la que solo fue registrada.

Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.

La requirente no ha logrado explicar de qué manera en su caso concreto –una acción de tutela de derechos fundamentales ante la judicatura laboral− la norma produciría efectos inconstitucionales.

El requirente impugnó el artículo 97 del COT, que establece que las sentencias de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno. Sostuvo que la norma legal objetada infringe la igual protección en el ejercicio de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, entre otras garantías, al no permitírsele recurrir en contra del fallo de una sala del máximo Tribunal.

La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que el recurso de casación es el único medio por el cual se persigue la correcta aplicación de la ley en los fallos de los tribunales inferiores.

El requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, el principio de seguridad jurídica y el derecho a ejercer una acción penal.

Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.

Son las instituciones previsionales las encargadas de perseguir el pago. El trabajador es un tercero. Por ello, aunque se estimara que la dilación del proceso es imputable a una falta de diligencia de la A.F.P, mal podría esa negligencia traducirse en una declaración de abandono que tiene por objeto pagar las cotizaciones previsionales que se adeudan al trabajador, pues con ello se estaría incumpliendo el principio de protección (art. 19 N°16).

La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, porque priva a Codelco del derecho a apelar contra la resolución lo obliga reincorporar a un trabajador.