El requirente alega que se aplica la norma de forma arbitraria vulnerando su igualdad ante la ley, el debido proceso, la dignidad humana, entre otras garantías constitucionales.

La requirente alega que la aplicación de esta norma resulta discriminatoria, contraria a la igualdad ante la ley y atenta contra su patrimonio.

El requirente alega que estos preceptos no son congruentes con la Constitución Política, ni con el sistema previsional en su conjunto, y contravienen la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contraviene la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, alega el requirente.

También se impugnan las normas que sancionan al empleador con la nulidad del despido. La requirente alega que son contrarias a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, y no contribuyen la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas.

El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva, tanto más si debe promover el incidente en el breve plazo de 5 días, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, entre otras garantías.

El legislador introdujo el llamado “procedimiento monitorio”, que en rigor es una técnica que pertenece a los procesos simplificados, consistente en que se pueda acoger o rechazar la demanda sin escuchar a la contraparte, pero garantizando que ésta pueda abrir audiencia con sólo manifestar tal voluntad. Se originó para el cobro de sumas de baja cuantía, para conflictos en que existían pocas probabilidades de oposición.

El requirente alega que se le impide injustamente controvertir una factura por servicios que no se prestaron, vulnerando sus garantías constitucionales.

Los requirentes alegan que la aplicación de estos preceptos atenta contra la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva de los derechos, el derecho a la acción contra actos Administrativos entre otras garantías constitucionales.

El requirente alega que la falta de efecto suspensivo de estos incidentes atenta contra su garantía a un justo y racional procedimiento, a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.