El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de una inmobiliaria que impugnó el artículo 1891 del Código Civil, al concluir que su aplicación a la gestión judicial pendiente no genera afectación alguna a los artículos 5, 19 N°s 3, 24 y 26 de la Constitución, en este último caso por cuanto ninguna de las garantías constitucionales invocadas ha sido conculcada, por lo que no podría existir una vulneración de su contenido esencial.

Al impedir el control por un Tribunal Superior la norma es inconstitucional, ya que a pesar del carácter de especializado que tiene el Tribunal Ambiental, no es suficiente para eximir sus decisiones del control jerárquico que establece el Poder Judicial, razona el voto en contra.

Al establecer el precepto legal objetado que el contribuyente que presente una declaración jurada incompleta sobre la celebración y ejecución de contratos derivados no podrá deducir las pérdidas reales y efectivas que hubiere experimentado, sin distinguir respecto de las declaraciones falsas, establece un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto, una sanción desproporcionada, contraria a la igualdad ante la ley, y a un racional y justo procedimiento tributario, alega el requirente.

La falta de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a las sentencias definitivas no son susceptibles de alegarse por medio del recurso de casación en la forma en los juicios especiales, lo que infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal. Se niega a unos justiciables sólo por quedar afectos a procedimientos previstos en leyes especiales, mientras que el mismo recurso de interés general se le reconoce a los demás, lo que carece de una justificación razonable, alegó el requirente.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe los derechos y garantías constitucionales asegurados en los artículos 5, 19 N°3, inciso 6º, y Nº7 de la Carta Fundamental, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que “nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual”, y la Convención Americana sobre Derechos, que dispone que “nadie será detenido por deudas”.

El precepto impugnado no vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso ni la seguridad jurídica.

El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado

El sólo hecho de tratarse de un régimen de responsabilidad estricta no es suficiente para sostener la inconstitucionalidad del mismo, comoquiera que la Constitución no prejuzga respecto del fundamento de la obligación de reparar los daños causados.

La eventual aplicación del artículo 162, incisos 5°, oración final, 6° y 7° del Código del Trabajo, produce resultados contrarios al principio de proporcionalidad de las sanciones, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.

El recurrente alega que el precepto legal objetado infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a defensa, el debido proceso y el derecho a la honra y vida privada, desde que se acogió la tacha de un testigo por existir “íntima amistad” entre éste y el demandante, lo que le habría impedido acredita el daño moral.