La Magistratura Constitucional razonó que la eliminación del artículo 33 de la Ley N°18.838 generaría inseguridad normativa, y que de acogerse la acción de inaplicabilidad impetrada respecto del artículo 34 se eliminaría la disposición que reconoce todas las prerrogativas que la parte requirente aduce como vulneradas.

La Magistratura Constitucional consideró que el artículo 2331 restringe la reparación integral del daño moral derivado de la vulneración del derecho a la honra, derecho fundamental garantizado por la Constitución. La norma limita la indemnización solo a ciertos daños patrimoniales, excluyendo el daño moral, lo que afecta el contenido esencial del derecho y contraviene el principio de reparación integral de los perjuicios sufridos.

La requirente sostiene que el artículo 3° transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica extiende de manera innecesaria la ultratactividad de las normas anteriormente vigente en el CPC, a causas en apelación y casación que se tramitan en forma electrónica independientemente de su origen, afectando el principio de igualdad ante la ley. Además, de que la medida no cumple su objetivo de mantener la tramitación en papel y crea una distinción arbitraria entre litigantes.

Se considera que las normas que regulan el trámite de la reconvención en el caso pueden ser contrarias a garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y el debido proceso, pues estiman que el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil plantea problemas al no garantizar una resolución equitativa.

Los requirentes alegan que, aunque la confesión es uno de los seis medios probatorios del Código de Procedimiento Civil y juega un papel fundamental en los juicios civiles, si se utiliza en la sede penal puede vulnerar derechos fundamentales, lo que justifica declarar inaplicable los preceptos legales que impugnan para impedir una confesión que pueda emplearse en la sede penal.

Los requirentes alegan que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y el principio de juridicidad, desde que impide a los funcionarios penitenciarios tener un espacio de contrariedad, contraviniendo con ello, el artículo 10 de la Ley Nº19.880.

La requirente sostuvo que el artículo 2515 del Código Civil resulta inaplicable respecto a la prescripción de las faltas administrativas, ya que, en los casos de infracciones calificadas como faltas debe aplicarse el artículo 94 del Código Penal, que establece un plazo de prescripción de seis meses.

La disposición cuestionada (art. 482 del Código del Trabajo) no solo encuentra una explicación lógica a la luz de los objetivos del procedimiento laboral y los principios que lo rigen, sino que también tiene un fin que es constitucionalmente legítimo: poner fin al proceso como forma de solución real y definitiva de los conflictos.

No es racional y justo un procedimiento en el cual no se puede apelar en contra de la resolución que niega conceder una medida precautoria cuyo objeto es precisamente asegurar el resultado de la demanda civil indemnizatoria. Con ello, además, se menoscaba el derecho a defensa jurídica y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que no se puede concebir un procedimiento en que la solicitud de medidas cautelares no pueda ser revisada por un tribunal de alzada.

El Tribunal Constitucional razona que las normas legales impugnadas resguardan la salud pública frente a enfermedades transmisibles, infecciosas, lo que se inscribe en el deber estatal de dar protección a la población para lograr la llamada “inmunidad colectiva” a fin de que tales enfermedades no se propaguen en cautela del derecho a la vida, de la integridad física y de la protección de la salud de la población. Por ello la libertad de conciencia no puede ser invocada para oponerse a cualquier regulación legal que las personas consideren contraria a sus creencias, sobre todo cuando afecta a terceros.