La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad de los preceptos legales que impugna para garantizar el debido proceso, la igualdad y el derecho de propiedad de los involucrados.
La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, al generar diferencias arbitrarias que afectan a los demandados en juicios ejecutivos laborales, al verse impedidos de recurrir a un tribunal superior para revisar las resoluciones. También que la norma favorece injustificadamente a los demandantes al limitar los derechos procesales de defensa de los empleadores o responsables solidarios en casos de subcontratación.
La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, ya que conlleva a diferencias arbitrarias en los ajustes de precios para afiliados con planes idénticos. También señala que favorece injustificadamente a la ISAPRE, al otorgarle la facultad de modificar unilateralmente los contratos, mientras que los afiliados no pueden mantener sus condiciones originales. Finalmente, afirma que el precepto transgrede su derecho a elegir el sistema de salud, pues las opciones ofrecidas no incluyen conservar el plan en los términos inicialmente contratados.
La requirente sostiene que la aplicación en la gestión pendiente de las disposiciones impugnadas del artículo 162 del Código del Trabajo, vulneran derechos fundamentales al imponer una sanción desproporcionada y sin límite temporal, afectando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, al generar deudas excesivas e intereses acumulativos pese al pago previo de las cotizaciones previsionales.
La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente infringe los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución, al vulnerar los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad de las penas, debido a la incertidumbre jurídica que genera y a la excesiva discrecionalidad otorgada al SII.
El artículo 27 facultará al fiscal de la causa, en casos de alarma pública o de alta complejidad para solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un tribunal de Santiago.
La Magistratura Constitucional indica que la patente por no uso tiene como objetivo garantizar el uso efectivo de las aguas, recurso escaso y esencial, evitando el acaparamiento y la especulación.
La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente genera efectos contrarios al orden constitucional, ya que permite mantener indefinidamente activa la gestión, lo que vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso. Mientras que aquellas que establecen obligaciones laborales ficticias afectan principios constitucionales como la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.
La Magistratura Constitucional ponderó la libertad de expresión con el derecho a la honra, especialmente en el contexto de redes sociales, y sostuvo que, aunque la libertad de opinión es fundamental, no es absoluta y está sujeta a responsabilidades por abusos, conforme a la legislación nacional e internacional.
La requirente indica que el precepto impugnado limita de manera excesiva el derecho de los intervinientes a solicitar la revisión judicial de las decisiones, lo que infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, garantizado por el artículo 19 N°3 de la Constitución.
Resolvió que, en materia penal, los derechos de las víctimas no otorgan un derecho subjetivo a actuar directamente en el proceso, ya que la acción penal persigue un interés público. Agregó que la formalización es un requisito para que el querellante pueda acusar, pues es el Ministerio Público quien dirige la investigación, lo que garantiza un proceso justo y evita la privatización de la acción penal.
