Al establecer el precepto legal objetado que el contribuyente que presente una declaración jurada incompleta sobre la celebración y ejecución de contratos derivados no podrá deducir las pérdidas reales y efectivas que hubiere experimentado, sin distinguir respecto de las declaraciones falsas, establece un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto, una sanción desproporcionada, contraria a la igualdad ante la ley, y a un racional y justo procedimiento tributario, alega el requirente.

La falta de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a las sentencias definitivas no son susceptibles de alegarse por medio del recurso de casación en la forma en los juicios especiales, lo que infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal. Se niega a unos justiciables sólo por quedar afectos a procedimientos previstos en leyes especiales, mientras que el mismo recurso de interés general se le reconoce a los demás, lo que carece de una justificación razonable, alegó el requirente.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el principio de proporcionalidad, al establecer sólo un valor mínimo y un valor máximo, sin graduación, para sancionar con multa las infracciones, puesto que carece de criterios y pautas objetivas que debiese considerar el tribunal al momento de determinar la multa, en concreto, que debe ser aplicada.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe los derechos y garantías constitucionales asegurados en los artículos 5, 19 N°3, inciso 6º, y Nº7 de la Carta Fundamental, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que “nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual”, y la Convención Americana sobre Derechos, que dispone que “nadie será detenido por deudas”.

El precepto impugnado no vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso ni la seguridad jurídica.

El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado

El sólo hecho de tratarse de un régimen de responsabilidad estricta no es suficiente para sostener la inconstitucionalidad del mismo, comoquiera que la Constitución no prejuzga respecto del fundamento de la obligación de reparar los daños causados.

La eventual aplicación del artículo 162, incisos 5°, oración final, 6° y 7° del Código del Trabajo, produce resultados contrarios al principio de proporcionalidad de las sanciones, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al no gozar el GORE de la independencia necesaria, no es posible que la Corte opere como única instancia, menos si se compara con el reclamo de ilegalidad municipal que no limita la interposición del recurso de casación.

El recurrente alega que el precepto legal objetado infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a defensa, el debido proceso y el derecho a la honra y vida privada, desde que se acogió la tacha de un testigo por existir “íntima amistad” entre éste y el demandante, lo que le habría impedido acredita el daño moral.