La requirente estima que el hecho que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.
El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley.
La requirente alega que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, al extender más allá de sus límites lo que se entiende por información pública.
La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contravendría la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
Decisión sancionatoria no cuenta con la densidad de fundamentos necesaria, haciendo que el acto sea arbitrario y carente de criterios que permitan ponderar la gravedad de hechos y la respuesta punitiva correspondiente.
Las normas impugnadas establecen un marco regulatorio diverso al de la Constitución, al considerar como pública información que no lo es.
La iniciativa busca flexibilizar los requisitos para posibilitar que en la práctica se pueda proceder al cierre o control de acceso a calles y pasajes, reduciendo los porcentajes para acordarlo, entre otras medidas.
La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.
El Servicio Agrícola Ganadero sostiene que la fórmula de cálculo de la liquidación de la deuda afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad.
El requirente estima que se vulneran los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad, y su derecho de propiedad.
