La requirente alega que la normativa infringe los principios de proporcionalidad y tipicidad al permitir al Consejo cuantificar multas a su mero arbitrio.

Dada la falta de emplazamiento alegada, la exclusión de la apelación no resulta conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que la Constitución exige en la configuración de los procedimientos.

La requirente alega que la frase “de forma absoluta” contenida en el artículo 9 de la Ley 21.226 infringe el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.

Se alega que dicha información a la luz de lo preceptuado en la Constitución no tendría el carácter de público, por lo que su entrega vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

La empresa, Astilleros y Maestranzas de la Armada alega que la posible sanción carece de razón y es absolutamente desproporcionada.

La requirente estima que vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, un procedimiento racional y justo, y su derecho de propiedad.

Se estima que la imposibilidad de apelar en estos casos afectaría tanto el debido proceso, como la igualdad ante la ley, y el debido ejercicio de la facultad conservadora contenida en el artículo 76 de la Constitución.

Constituye una medida preventiva de naturaleza cautelar y ha sido dictada en el marco de un proceso legalmente tramitado, justo y racional.

Se alega que la sanción establecida otorga una discrecionalidad a los Juzgados de Policía Local que contravendría los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución.

El requirente alega que establece un castigo que no permite demostrar a través de un debido proceso, si una persona es efectivamente culpable; pues la misma no respeta la garantía de igualdad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.