La requirente estima que la aplicación de los preceptos objetados vulnera la esencia del debido proceso y la garantía de igualdad; así como también el derecho a la educación y el derecho de propiedad.

No vulnera las garantías de la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que quebrantan el derecho a un procedimiento justo y racional, así como los principios de tipicidad y proporcionalidad.

La requirente estima que carece de densidad normativa al no fijar criterios o directrices mínimos, verificables y objetivos, conforme a los cuales las EGC debieran determinar su tarifado.

Afectan la seguridad jurídica, la garantía de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el derecho de propiedad.

Afecta el principio de proporcionalidad, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el contenido esencial de esa garantía.

No tiene una línea argumental suficiente y fundamentos sólidos que hagan inteligible para el Tribunal la pretensión que se hace valer.

Afecta diversas garantías penales: principio de legalidad, de culpabilidad y proporcionalidad.

La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera la garantía constitucional del debido proceso.

La requirente estima que transgreden los límites del principio de publicidad y vulneran su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.