Normas que limitan la interposición de excepciones y que prohíben apelar resoluciones en juicio ejecutivo laboral, se impugnan ante Tribunal Constitucional.
Al no permitirse interponer la excepción de prescripción y, asimismo, no poder apelar una resolución que rechazó la vía judicial -nulidad de todo lo obrado- se vulnera la garantía del debido proceso.