El requirente alega la norma objetada impide el adecuado ejercicio de su derecho a defensa judicial, al restarle, de manera absoluta, el valor probatorio a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, lo que además supone negarle el derecho a aportar pruebas, en contravención, asimismo, de la igualdad ante la ley.

El legislador en el tratamiento penal de la agresión sexual, en particular, la dirigida en contra de niños y niñas busca resolver los conflictos surgidos en la sociedad y la forma como esta ha evolucionado, en aras del interés superior del niño, por ello ha dado una protección cada vez mayor a su indemnidad sexual a través de nuevos tipos penales o del perfeccionamiento de los ya existentes para depurar aquellas reglas cuya ineficacia debilitaba el bien jurídico que ellas deben proteger.

El precepto cuestionado no contiene una presunción de derecho, tampoco una presunción de responsabilidad, y, de hecho, no es genuinamente una presunción sino una regla de valor probatorio y de suficiencia de prueba para tener por verdaderos hechos dentro del procedimiento, lo que desde luego admite prueba en contrario, resuelve la Magistratura Constitucional.

Nada impide que el Tribunal haga este análisis en la sentencia de fondo y verifique que los preceptos legales impugnados no resultan decisivos en la gestión pendiente, desde que la acción de inaplicabilidad no puede erigirse como una alegación hipotética, incompatible con el carácter concreto que le es propio.

La requirente alega que la norma objetada infringe la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y los principios de proporcionalidad, non bis in ídem y de presunción de inocencia, desde que a pesar de que fue sobreseída definitivamente la causa seguida en su contra por haber acompañado en la oficina de títulos de la Corte Suprema un certificado de concentración de notas irregular, el Pleno rechazó recibir su juramento de Abogada.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, desde que impide anular los actos viciados y que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al cierre de la investigación en la que pueda presentar una nueva querella o adherir a la acusación fiscal menoscabándose sus derechos como la víctima.

Los Ministros disidentes señalan que el ejercicio de esta atribución envuelve un interés público comprometido, por cuanto el examen que se realiza, al conocer un requerimiento de inaplicabilidad, es de carácter normativo, el cual, si bien es concreto, se dirige en contra de la ley que, de ser acogido el requerimiento, conducirá a inaplicar el respectivo precepto legal, pudiendo servir de base a un posterior pronunciamiento de inconstitucionalidad que lo derogue.

La Magistratura Constitucional razonó que el precepto legal cuestionado no puede resultar decisivo en la resolución del asunto judicial pendiente, habiéndose aplicado ya en la gestión sub lite al haberse rechazado la incidencia por el tribunal sustanciador y desestimado el recurso de reposición intentado, siendo necesario que no haya precluido la etapa procesal en que la norma está destinada a ser aplicada.

La Magistratura Constitucional señaló que, dado que hay un solo y mismo interés jurídicamente relevante en juego, respecto del Municipio y respecto del Consejo, no puede aceptarse que ese interés esté doblemente representado en el proceso penal, y es allí donde encuentra razón el argumento de que debe evitarse la sobre representación estatal.

La Magistratura Constitucional señaló que estamos en presencia de una sanción administrativa y una (potencial) sanción penal, respecto al mismo hecho de peligro y por el mismo bien jurídico protegido: salubridad pública, considerando que la SEREMI de Salud multó al requirente por exactamente los mismos hechos fundantes de la acusación fiscal, sin que ésta hiciera añadidura fáctica alguna.