El requirente alega que el precepto impugnado infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, desde que, al haber sido condenado previamente por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, no puede eliminar sus antecedentes penales, cuya causa le impediría acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y, en definitiva, el derecho a la seguridad jurídica, desde que la apelación no se concede en ambos efectos a pesar de que la decisión fue adoptada con vicios que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido en los intereses de la requirente.

La consecución de finalidades legítimas, como la celeridad en los procesos, no justifican impedir la exigencia de ese doble conforme, particularmente cuando no se trata de un asunto de mero trámite o tendiente simplemente a dar curso progresivo a los autos, sino que dice relación con una materia importante, como la que se discute en la gestión pendiente, señala la Magistratura Constitucional señala que.

Nuevamente la Magistratura Constitucional desestimó la impugnación en contra del precepto legal que solo concede apelación en contra del auto de apertura del juicio oral cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. En este caso resolvió que el requerimiento de inaplicabilidad se encuentra mal encaminado, porque lo que en realidad se cuestiona es la regla general de inapelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía (art. 370 Código Procesal Penal), norma que no fue impugnada y que es estructural en el sistema de recursos que contempla el sistema penal chileno.

La aplicación del precepto legal impugnado implica una restricción severa del derecho a aportar prueba de la requirente. Lo anterior, además de dejarla en un desequilibrio evidente respecto de su contraparte, la priva de parte del contenido esencial del derecho a la defensa como es el derecho a presentar las pruebas que permiten acreditar los hechos que sustentan su pretensión.

La indefensión alegada por el requirente fue producto de su propio actuar procesal y no por causa de los órganos jurisdiccionales, quienes conocieron del asunto fallando conforme a derecho y en contra de sus pretensiones.

Exigir como requisito para la Reunificación Familiar de los extranjeros en Chile, un requisito que es de muy difícil obtención y que se encuentra bajo el exclusivo arbitrio del Servicio Nacional de Migraciones, transgrede las garantías constitucionales que invoca, sostiene la requirente.

La requirente sostiene que el reintegro de los montos que percibió del fondo de desahucio y que se le ordena devolver, en aplicación de la preceptiva legal cuestionada, llevan a que esta normativa produzca efectos contrarios a la Constitución, e infrinja su honra, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Además, vulneran el principio de Supremacía Constitucional (art. 6, constitucional) y el principio de Juridicidad (art. 7, de la Constitución).

Los preceptos legales impugnados, en su aplicación en la gestión pendiente, vulneran la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el derecho de propiedad, concluye el voto en contra.

La requirente alega que el precepto legal objetado en base al cual el tribunal le ha retenido un porcentaje de la indemnización provisoria a solicitud del Fisco para responder frente a la demanda que éste interpuso de rebaja del monto de esa indemnización, infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que contraviene el texto constitucional que ordena el pago al contado, en dinero efectivo y antes de la toma de posesión material del bien expropiado.