La Magistratura Constitucional señaló que en el caso concreto la querella se refiere a delitos de especial gravedad y sobre los cuales pesan obligaciones estatales. En estas circunstancias, la garantía de racionalidad y justicia de la investigación penal no solo se expresa en el cumplimiento de requerimientos legales, como son la exclusión de sesgos mediante la exigencia de objetividad, sino también en el cumplimiento de los estándares administrativos impuestos al persecutor en virtud de la autonomía institucional del Ministerio Público.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de propiedad y el principio de supremacía constitucional, desde que al impedirle al ejecutado objetar la nueva tasación y solicitar una nueva, autoriza al acreedor a recibir o adjudicarse más derecho de propiedad del que le corresponde.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que permite al acreedor recibir más de lo que se le adeuda bajo la venta forzada, en cuanto a pesar de que los inmuebles fueron objeto de tasación por perito designado al efecto, de manera injustificada se permite que el acreedor se adjudique propiedades con cargo a su deuda por un valor menor del real.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el principio de seguridad jurídica y el derecho a ejercer la acción penal, desde que no solo contravienen el Código Procesal Penal, pues por una parte se ha consagrado un procedimiento eminentemente oral, pero, por otra, de forma contradictoria, se establece que se proceda por escrito, llevando en esto la carga procesal y sancionatoria a la parte querellante, sino también vulneran las normas constitucionales que se citan.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, desde que se le priva del derecho de solicitar a la Fiscalía las diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formularon.

La requirente alega que los preceptos legales objetados infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que los proveedores de contenido de DIRECTV son grandes empresas multinacionales con quienes se celebró un contrato de adhesión, por lo que no tiene ninguna posibilidad de influir, ni el poder de negociar sobre el contenido que se transmite.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso y el derecho a secreto o reserva de los actos o resoluciones cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del Estado, desde que, al restringirle el derecho al recurso, la controversia se resolverá exclusivamente por el CPLT.

La Magistratura Constitucional resolvió que el requerimiento de inaplicabilidad se encuentra mal encaminado, porque lo que en realidad cuestiona el requirente es la regla general de inapelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía, contenida en el artículo 370 del Código Procesal Penal, norma que no fue impugnada y que es estructural en el sistema de recursos que contempla el sistema penal chileno.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a defensa, desde que impone la carga probatoria al demandado, lo que resulta desproporcionado e injusto, en cuanto no sólo se requiere que el ejecutado pruebe un hecho negativo, sino que, además, se exige hacerlo dentro de un plazo breve.

La Magistratura razonó que el peticionario es una persona mayor de edad, que previamente obtuvo del Servicio de Registro Civil e Identificación la información sobre el carácter adoptivo de su filiación. En tal sentido, se afecta la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación arbitraria, por cuanto carece de razonabilidad y establece diferencias entre adoptantes y adoptado, imponer la citación previa de los adoptantes para que, una persona mayor de edad, pueda acceder a la información que le permita conocer sus orígenes biológicos, lo que es una exigencia injustificada.